domingo, 11 de octubre de 2020

DEL SUROCCIDENTE PARA EL PAÍS: #MINGA2020

 

Vereda Monterilla, Municipio de Caldono

En su segundo día continúan sumándose a la Minga Social y Comunitaria por la Vida, el Territorio, la Democracia y la #Paz diferentes sectores campesinos, indígenas, afrodescendientes, estudiantiles y populares de distintas veredas y Municipios del Sur Occidente Colombiano para seguir construyendo y ajustar las metodologías de movilización que emplearan para desplazarse hacia la ciudad de Cali, donde proyectan encontrarse con el Presidente de la República #IvanDuque para el día de mañana: 12 de Octubre .

Vereda el Rosal, Municipio de Caldono

Foto: Red Alterna 

En el punto de concentración de las comunidades campesinas, indígenas, viviendistas, estudiantiles, cultivadores de coca, amapola, marihuana y otros sectores populares denuncian que hay una fuerte militarización de la vía y presencia de efectivos en las inmediaciones del punto de concentración. 

De acuerdo al Boletín de Derechos Humanos No. 3 de la Minga Social y Comunitaria por La Vida, El Territorio, La Democracia Y La Paz “se evidencian sobrevuelos con helicópteros y drones,  registro a las chivas que se desplazan sobre la vía Popayán - el Rosal, militarización de la vía con registro fotográfico por parte de los miembros de la fuerza pública (Ejército Nacional de Colombia) y acciones de intimidación por parte del Coronel Juan Castro de la Policía de Tránsito, quien anuncia que: "ante cualquier afectación de la vía la policía va a proceder".

El Boletín de Derechos Humanos también señala que “Varios miembros de la fuerza pública a través de sus radios y teléfonos móviles reportan bloqueo total en vía de justificar una posible agresión a las comunidades que se movilizan pacíficamente en una acción de pedagogía de la minga”.

Hacemos un llamado desde las comunidades, personas y organizaciones participantes de la #Minga2020 al respeto del Derecho a la protesta pacífica y al NO señalamiento desde diferentes sectores hacia los manifestantes porque esta Minga es por garantías para la Vida; por el reconocimiento y desmonte del Paramilitarismo; por la Reforma Agraria Integral; por la construcción y respeto de las territorialidades urbanas y rurales; contra la erradicación forzada y aspersión con Glifosato en los territorios; contra la Política Extractivista que hace prevalecer al capital por sobre el agua y los recursos; por garantías para la Protesta Social; por el Derecho a la Consulta Previa; la Independencia de Poderes; por el reconocimiento del Campesinado como Sujeto de Derechos;  por el cumplimiento Integral del Acuerdo de Paz; por la continuidad de los diálogos con el ELN; por el cumplimiento de los Acuerdos con las Organizaciones Sociales; por el reconocimiento de los Pactos por la Vida y el reconocimiento a los Procesos de Diálogos Humanitarios y Pactos Regionales.

La Minga representa un escenario de unidad que invita a todos los Colombian@s a hermanarse para construir un país en Paz con Justicia Social, en Democracia y sin miedo a ser asesinado por pensar diferente.   

Jornada de pedagogía sobre la vía panamericana a la altura de El Rosal.

Foto: Red Alterna

 #Minga2020

#CampesinadoEnMovimiento

#DerechosCampesinosYa

 Octubre 11 de 2020

COORDINACIÓN DE MEDIOS ALTERNATIVOS Y POPULARES DEL SUROCCIDENTE

jueves, 8 de octubre de 2020

CARTA ENVIADA AL PRESIDENTE IVÁN DUQUE DE LAS ORGANIZACIONES EN #MINGA2020

Esta es la carta entregada por la MINGA SOCIAL Y COMUNITARIA DEL SUR OCCIDENTE DE COLOMBIA POR LA DEFENSA DE LA VIDA, EL TERRITORIO, LA DEMOCRACIA Y LA PAZ al Presidente #IvanDuque, donde se lo convoca para el próximo 12 de Octubre a la Ciudad de #Cali, en la Plaza de San Francisco con el fin de plantear nuestras problemáticas, alternativas y exigencias de política económica, social, cultural y ambiental de manera pública ante el país.

#CampesinadoEnMovimiento
#DerechosCampesinosYa

Estamos en ¡MINGA SOCIAL Y COMUNITARIA DEL SUR OCCIDENTE DE COLOMBIA POR LA DEFENSA DE LA VIDA, EL TERRITORIO, LA DEMOCRACIA Y LA PAZ!

miércoles, 9 de septiembre de 2020

9 de septiembre de 2020 Día Nacional de los Derechos Humanos en Colombia

Las organizaciones que integramos la Mesa Territorial de Garantías en el Departamento del Cauca, a diario denunciamos y repudiamos el incremento de la violencia socio política en contra de comunidades y pueblos en los territorios caucanos. En sólo el año 2020, en nuestro departamento han sido asesinados 71 personas líderes sociales y defensoras de derechos humanos, 177 desde la posesión del Presidente Iván Duque y 241 desde la firma del Acuerdo Final de Paz, así mismo, han sido asesinados 37 ex guerrilleros de las FARC – EP en proceso de reincorporación, se han realizado 14 tentativas de homicidios y se han perpetrado 11 masacres, a lo que se suman las amenazas, atentados, desplazamientos forzados y la estigmatización, represión desmedida e infiltración con fines de sabotaje a la legitima protesta social. 

Hemos sido enfáticos/as en señalar la violencia estructural que existe en nuestro país, identificando entre las causas una disputa histórica de poder político, económico y militar legal e ilegal en nuestros territorios; en los que muchos pueblos y comunidades viven situaciones de marginalidad, sin acceso a tierras, con necesidades básicas insatisfechas, en extrema pobreza, enfrentando la falta de oportunidades. 

Hace unos años saludamos el Acuerdo Final de Paz alcanzado entre las FARC – EP y el gobierno nacional con el cual tuvimos la esperanza de avanzar en una paz estable y duradera. Lamentablemente, en la actualidad, hemos señalado los evidentes incumplimientos por parte del Estado Colombiano, pues las transformaciones en materia de reforma rural integral, de participación política, de solución al problema de las drogas, de víctimas y de fin del conflicto, en su gran mayoría se han quedado en el papel y el discurso. Igualmente tuvimos esperanza en el proceso de dialogo con el Ejército de Liberación Nacional, por lo que rechazamos el cierre a la posibilidad de dialogo definida por el gobierno del presidente Iván Duque. Ambas situaciones son estocadas al anhelo de una paz estable y duradera para nuestros territorios. 

Desde la MTG, en diversos espacios de dialogo a los que los gobiernos Nacional y Departamental nos han convocado hemos presentado contextos sobre la situación humanitaria, incluyendo el incremento de las vulneraciones a los derechos humanos cometidas por agentes de la fuerza pública, que se suman a los diversos diagnósticos que se han realizado en nuestro departamento sobre la violencia socio política, igualmente hemos presentado solicitudes y requerimientos específicos para avanzar en la defensa y protección de los derechos humanos. Recientemente el Gobierno Nacional se vio obligado a reactivar el proceso de garantías (mesa nacional y mesas territoriales de garantías), y decimos obligado, porque lo hizo no por voluntad propia, sino debido a las órdenes del fallo de tutela del derecho a defender derechos, a las solicitudes de la comunidad internacional y a los comunicados e intervenciones de organizaciones nacionales y en los territorios. 

En estos espacios de interlocución pese a que hemos logrado visibilizar ante comunidad internacional y organismos de control la situación humanitaria y las serias dificultades institucionales para hacer presencia integral en los territorios, no se han logrado avances tangibles para las comunidades y pueblos caucanos, pues el Estado no brinda garantías para la defensa de derechos humanos y continúa desarrollando su nefasta política de defensa y seguridad, convocando a consejos de seguridad y a sesiones del PAO, tomando decisiones unilaterales que claramente han resultado inefectivas. 

En el ejercicio de preparación de la MTG en el Departamento del Cauca se han hecho más de una decena reuniones, sub mesas técnicas, con compromisos concretos que recurrentemente han sido incumplidos por instituciones gubernamentales, hasta el punto de caer en la lógica de renegociar lo acordado, incluida la agenda de reuniones a pesar de que la situación de vulneración a los Derechos Humanos no solo se ha mantenido, sino que se ha agudizado. En este momento el proceso está estancado, para lo cual proponemos que la fecha de realización de la Mesa Territorial de Garantías se debe acordar y se debe realizar de manera presencial. 

Con la convicción de que el conflicto armado interno solo se superará en una mesa de diálogos y negociaciones con la más amplia participación social y ciudadana, que el conflicto social, solo se superara si se profundiza la democracia y participación ciudadana, hoy, nuevamente exhortamos al Estado Colombiano, a dar muestras del compromiso político que dice tener con el respeto y garantía de la vigencia plena de los derechos humanos en Colombia y que en consecuencia se avance en una ruta real y coherente hacia la solución política al conflicto social y armado colombiano. 

Reiteramos el llamado a la fuerza pública a que no continúe vulnerando los derechos humanos de los colombianos y colombianas, y a todas las organizaciones armadas ilegales, a detener la dinámica de la violencia, a adelantar acciones humanitarias y a empeñar sus esfuerzos en la búsqueda de una paz con justicia social. 

En esa medida nuevamente insistimos en la necesidad de avanzar en la implementación de los Acuerdos de Paz y en los acuerdos ya definidos con pueblos y comunidades, así como a avanzar en la construcción de mecanismos efectivos y eficaces transformadores que garanticen los Derechos Humanos como elementos fundamentales para superar la violencia. En consecuencia, hoy nuevamente clamamos por compromisos y acciones concretas por parte del Gobierno Nacional y de las instituciones que conforman el Estado Colombiano. 

En memoria de los miles de hombres y mujeres víctimas del conflicto y de aquellos/as afectados/as a diario, al aferrarnos en defensa de la vida y los territorios, reclamamos al gobierno nacional hechos claros y decididos de humanidad, de solidaridad, de paz y reconciliación, que alivien el dolor padecido y la justicia reclamada, que señalen horizontes de esperanza y que fortalezcan el trabajo para la construcción de una sociedad más justa y que camine el sendero de la consolidación de una Paz estable y duradera. 

Departamento del Cauca, 9 de septiembre de 2020, conmemoración del día Nacional de los Derechos Humanos en Colombia. 

ORGANIZACIONES Y PLATAFORMAS 
MESA TERRITORIAL DE GARANTÍAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA



lunes, 7 de septiembre de 2020

Sobre los conceptos de masacre y homicidio colectivo

 


Sobre los conceptos de masacre y homicidio colectivo

Coincidimos en que el concepto de masacre no está tipificado en el Derecho Internacional Humanitario, en el Derecho penal Internacional, en el derecho penal colombiano, ni en el derecho penal de muchos países. Igual ocurre con el concepto de homicidio colectivo.

Masacre es una calificación política que se le da a cierto tipo de homicidios, es un concepto propio del lenguaje de la defensa de los derechos humanos donde se trata de diferenciar de otro tipo de manifestaciones violentas. Existe un consenso al afirmar que para configurar una masacre se debe contar con elementos de indefensión de las víctimas, la crueldad con que se realiza y que sea un número plural de personas asesinadas del mismo modo, tiempo y lugar.

El tratamiento que se le da al concepto de masacre tiene una carga política, y en especial en Colombia, ya que transmite la idea de que estamos hablando de un país donde persisten el conflicto armado interno. Mientras que “homicidio colectivo” refuerza la posición del Uribismo, desde que Álvaro Uribe subió al poder en 2002: negar la existencia de un conflicto armado, y hablar simplemente de un problema de terrorismo, narcotráfico o casos aislados.

Las masacres cometidas en Colombia tienen un mismo patrón y obedecen al desarrollo del mismo conflicto armado, por lo tanto, configura una sistematicidad que no puede analizarse como hechos aislados.

Un homicidio colectivo son los casos donde una persona asesina indiscriminadamente varias personas. Una masacre está enmarcada en un contexto de conflicto armado.

En el libro blanco de las estadísticas del sector seguridad y defensa[1] se define el homicidio colectivo de la siguiente manera “Se entiende como aquellos hechos en los cuales resultan muertos cuatro (4) o más personas en estado de indefensión en el mismo lugar, a la misma hora y por los mismos autores; no se contabilizan aquellos casos en donde las personas pertenecían a los grupos subversivos, bandas criminales, delincuencia organizada y común o si eran parte de la Fuerza Pública.

En este caso, se presenta tanto el número de casos como el número de víctimas y estas víctimas son contabilizadas como civiles en las clasificaciones de homicidios anteriormente mencionadas. Cabe aclarar que esta variable se usa por parte de la Policía Nacional con el fin de identificar una dinámica criminal, pero no tiene soporte en el Código Penal Colombiano[2].

No obstante, es importante recordar que el diccionario de la real academia de la lengua española define masacre como “1. f. Matanza de personas, por lo general indefensas, producida por ataque armado o causa parecida[3]. En Colombia, no existe una conceptualización unánime sobre masacre y se observa que sus elementos cualitativos han variado en el trascurso de la historia y que el

elemento cuantitativo (número de personas asesinadas) ha variado de cinco, cuatro, tres para finalmente algunas instituciones hacer referencia a dos o más personas.

De acuerdo al informe Basta Ya “El GMH define la masacre como el homicidio intencional de cuatro o más personas en estado de indefensión y en iguales circunstancias de modo, tiempo y lugar, y que se distingue por la exposición pública de la violencia. Es perpetrada en presencia de otros o se visibiliza ante otros como espectáculo de horror. Es producto del encuentro brutal entre el poder absoluto del victimario y la impotencia total de la víctima[4].

Igualmente señala que “de las 1.982 masacres documentadas por el GMH entre 1980 y 2012,13 los grupos paramilitares perpetraron 1.166, es decir el 58,9% de ellas. Las guerrillas fueron responsables de 343 y la Fuerza Pública de 158, los otros permanecen indeterminados”[5].

En el tercer informe sobre situación de Derechos Humanos en Colombia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalo que masacre ocurre cuando “son cuatro o más víctimas asesinadas durante un mismo evento[6]. No hay que olvidar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha declarado responsable al Estado colombiano por acción u omisión en masacres como las de El Salado, Mapiripan, La Rochela, entre otras.

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, se refiere a masacre de la siguiente manera “ejecución de tres o más personas en un mismo evento, o en eventos relacionados por la autoría, el lugar y el tiempo[7]. Y en la actualidad “Una masacre ocurre cuando tres o más personas son asesinadas en el mismo hecho (mismo lugar y momento) y por el mismo presunto perpetrador”[8]. 

El informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Colombiaregistró 36 masacres que implicaron la muerte de 133 personas, la cifra más alta registrada por el ACNUDH desde 2014. Los departamentos más afectados fueron Antioquia, Cauca y Norte de Santander[9].

El 17 de agosto de 2020, OACNUDH y Misión de verificación, emitieron comunicado conjunto en el que entre otros señalaron “En lo que va del año, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos ha documentado 33 masacres y viene dando seguimiento a 97 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, de los cuales, a la fecha ha verificado 45 homicidios.

A su vez, la Misión de Verificación de Naciones Unidas ha verificado 41 asesinatos de personas en proceso de reincorporación en el primer semestre de 2020, registrando un aumento del 10% de los asesinatos contra estas personas comparado con el primer semestre de 2019. Un total de 215 excombatientes han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016”.

El parámetro que inicialmente retomo la Defensoría del Pueblo fue el de “la muerte simultanea de cinco o más personas en un mismo hecho homicida”[10], el cual luego fue variado en otra publicación en la que señalo “se considera masacre la muerte simultanea de tres o más personas en un mismo hecho de violencia”[11], y finalmente planteo que “un numero plural de víctimas, dos o más, sería suficiente para configurar ese elemento cuantitativo”[12]

 

Tres requisitos configuran este concepto:

 

1. Las ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias de carácter colectivo perpetradas en un mismo hecho. Un número plural de dos o más víctimas le imprimen ese carácter colectivo.

2. La manera cruel en que fueron ejecutadas esas personas. La muerte de las víctimas tiene que ser acompañada de elementos de ferocidad o barbarie.

3. El estado de indefensión de las víctimas. Las personas muertas deben encontrarse en un estado de desamparo o desprotección”[13].

 

En síntesis, existe una discrepancia cuantitativa sobre el número, pero un acuerdo sobre la pluralidad de homicidios. A lo que se suman elementos cualitativos como la indefensión de las víctimas, y la barbarie o crueldad de la muerte violenta.

Definir o acabar con las masacres o homicidios colectivos. ¿Qué es lo importante?

Cuatro o tres o dos personas asesinadas de manera cruel y en estado de indefensión, ahí si existe una diferencia para analizar cuantitativamente la falta en la obligación de respeto y garantía integral a los derechos humanos por parte del Estado Colombiano.



[1] file:///I:/Libro_blanco.pdf.esvqqeo.pdf
[2] Libro blanco de las estadísticas del sector seguridad y defensa Pag 11
[3] https://dle.rae.es/masacre
[4] https://centrodememoriahistorica.gov.co/basta-ya-memorias-de-guerra-y-dignidad/
[5] Ibidem
[6] OEA/SER.I/V/II.102, 26 febrero 1999, parr 94.
[7] Informe del 9 de marzo de 2000, parr 27.
[8] Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General. 2 de febrero 2020.
[9] Ibidem
[10] Defensoría del Pueblo, Tercer informe anual del defensor del Pueblo al congreso de la república, 1996, Volumen I, P 24.[11] Defensoría del Pueblo, Manual de calificación de conductas violatorias de derechos humanos. Bogotá, 2000. P21.
[12] Defensoría del Pueblo, Manual de calificación de conductas violatorias de derechos humanos. Bogotá.
[13] http://www.memoriayverdad.mx/index.php/derechos-humanos-violaciones/violaciones-de-los-derechos-humanos/masacres.html

miércoles, 19 de agosto de 2020

RESISTIREMOS A LA DOCTRINA DE GUERRA Y CONSTRUIREMOS UNA NUEVA COLOMBIA

 

RESISTIREMOS A LA DOCTRINA  DE GUERRA Y CONSTRUIREMOS

UNA NUEVA COLOMBIA

 

EN NUESTRO PAIS REINA LA MUERTE. Al abandono histórico  del Estado y al deficiente manejo de la pandemia, se le suma la acción y la complicidad del Gobierno  Colombiano en cabeza de Iván Duque, por la actuación de las fuerzas militares, por su papel pasivo y permisivo en unos casos o activo y cómplice en otros como los asesinatos sistemáticos, las masacres, la estigmatización y la persecución a quienes piensan diferente, aplicando  una doctrina de guerra contra quienes defendemos los derechos humanos, la naturaleza y luchamos por la Paz con justicia social.

El incumplimiento del Acuerdo final de Paz, el incumplimiento histórico de los Acuerdos con las Organizaciones Sociales, e incluso  con los propios acuerdos firmados por este gobierno y la participación militar en  complicidad con organizaciones armadas en los territorios,  hacen parte de una estrategia integral contra el pueblo y en favor de la clase dirigente y los sectores económicos que han gobernado nuestro País. A ellos, no les importa el derramamiento de sangre, sobre todo, de jóvenes como los que han sido asesinados en los últimos 15 días y pretenden desviar la atención de su evidente e inocultable vínculo y conducción de grandes mafias.

En el Suroccidente Colombiano se recrudece nuevamente la Guerra, las Fuerza militares  violan los derechos humanos, se incrementan los enfrentamientos entre organizaciones armadas, paramilitares asesinan a nuestros compañeros y compañeras,  masacran a  la juventud  y atemorizan  a las y los liderazgos de las  organizaciones sociales, afectando la labor que realizamos día a día. Los casos más recientes, los asesinatos de nuestros compañeros del CRIC, liberadores  de la madre tierra  y la amenaza contra líderes, concejales y en especial contra la junta directiva de  ASCAMTA,  perteneciente a  FENSUAGRO  y a nuestra coordinación PUPSOC – Marcha Patriótica, en especial contra JHONNATAN PATIÑO, exdiputado, Alcalde  del  Municipio de Argelia y sobre todo un líder social, desde que hacia parte del Movimiento estudiantil en la Universidad del Cauca. 

Ante la opinión pública, manifestamos nuestro apoyo a la Asociación Campesina de Argelia (ASCAMTA)  y a nuestro compañero JHONNATAN PATIÑO. Rechazamos las amenazas y la persecución política a la que han sido sometidos. Convocamos  a las organizaciones sociales a mantenernos juntos y juntas   para enfrentar  el terror de esta violencia sociopolítica, que nadie suelte a nadie  para  continuar la Movilización Social  y sobre todo para fortalecer un proyecto unitario  que le dé un giro a nuestra región y a nuestro País.

“Por la vida y contra el Desarraigo”: Unidad, Organización y Movilización Popular

Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria
Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano
Coordinación social y política Marcha patriótica