miércoles, 11 de septiembre de 2013

EL PARO AGRARIO Y POPULAR, SÍNTOMA DE ALGO NUEVO QUE NACE EN COLOMBIA


JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ D[1].

Finalmente, el gobierno se sentó a negociar a nivel nacional con dirigentes del paro agrario y popular que ha sacudido a Colombia desde el día 19 de Agosto. Esta reunión ha ocurrido después de semanas de dura represión contra los campesinos, en la cual se ha dado un tratamiento militar a la justa protesta social, dejando un saldo de, al menos, 12 muertos, más de 500 heridos (muchos de ellos mutilados) y cientos de detenidos[2]. El gobierno, de la mano de la represión, buscó desactivar el paro mediante la negociación de manera sectorial y regional, a la vez que intentó desconocer y ocultar la gravedad del malestar social (“No hay tal paro”). Ni 50.000 soldados a la calle para desbloquear las carreteras ni la militarización de Bogotá pudieron con la determinación popular de lucha ante las políticas nefastas que se vienen impulsando desde el gobierno en detrimento de las amplias masas excluidas, en particular, de los Tratados de Libre Comercio, TLC (con EEUU, UE, Corea del Sur)[3].

Crisis y represión: no hay sorpresas


Nadie puede decir que la crisis ha sido una sorpresa. Por años, diversas plataformas, organizaciones campesinas y populares, denunciamos los efectos que los TLC tendrían sobre las mayorías empobrecidas en Colombia, fundamentalmente sobre la población rural. Un estudio de Oxfam, fechado en el 2009[4], incluso denunciaba que el ingreso de las familias campesinas, de por sí el más bajo de toda la población colombiana, se desplomaría en un espectacular 70% gracias al TLC con los EEUU... ¿equivale la firma de este TLC a otra cosa que a decretar la pena de muerte para el campesinado nacional? ¿Se refería a los campesinos el ex vicepresidente Francisco Santos cuando decía, celebrando la firma del TLC, que habría “perdedores”?[5] Y cuándo decía, con visible entusiasmo, que también habría ganadores, ¿se refería acaso a los grandes consorcios agroexportadoras norteamericanas que en un año han aumentado las exportaciones de arroz subsidiado a Colombia en un astronómico 2000%?[6] ¿Acaso exageraba el arzobispo de Tunja, Mons. Luis Augusto Castro cuando llamaba a estos TLC una “traición a la patria”, si por “patria” se entiende a las personas de un territorio? Marx decía que el Estado es la oficina de la clase capitalista para administrar sus negocios. En Colombia, el Estado es una oficina transnacional manejada por gente que desprecia y desconoce al pueblo colombiano, que están más familiarizados con Nueva York que con Ciudad Bolívar.

Así como no debería haber sorpresa sobre los desastrosos resultados del TLC, tampoco lo debería haber respecto al trato salvaje y desproporcionado que enfrentó la protesta social. Mal que mal, absolutamente todas las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, incluida la oficina del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos en Colombia[7], criticaron la ampliación al fuero penal militar, la cual muchos denunciamos a su momento como carta blanca para la impune represión a gran escala de la creciente movilización social. Del mismo modo, criticamos que la Ley de Seguridad Ciudadana serviría para criminalizar la protesta social. ¿No es esto acaso lo que hemos visto en estos días? Se criminaliza la protesta y luego se dan garantías de impunidad y rienda suelta a los más bajos instintos represores de un ejército formado en la doctrina del “enemigo interno”.

¿Negociar o ganar tiempo?

Al final de cuentas, el gobierno negocia pero no de buena fe. Su negociador estrella es Angelino Garzón, el mismo que en su condición de ex sindicalista, impulsó el TLC con EEUU ante la oposición de los sindicatos de ese país, que cuestionaban el asesinato de sindicalistas en Colombia. El gobierno de Santos negocia con sangre en sus manos y tendrá, tarde o temprano, que dar la cara a las víctimas. Santos negocia porque le tocó, porque no pudo derrotar la voluntad de un pueblo movilizado y digno. El domingo 8 de Septiembre, voceros de la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo (MIA), representando a organizaciones de 17 departamentos, acordaron desbloquear las carreteras para el día martes 10, para así comenzar el proceso de negociación en torno a la agenda de seis puntos que presentaron al gobierno el día 8 de Agosto y que, al ser ignorada, forzó el recurso a las vías de hecho. Estos puntos son la crisis de producción agropecuaria; la propiedad de la tierra; la territorialidad campesina, afro e indígena; política minero-energética y extractivista; derechos políticos de la población rural; e inversión social (educación, salud, vivienda, vías, servicios)[8].

Santos, lo que pretende, es ganar tiempo con estas negociaciones, mientras su “unidad nacional” se agrieta por todas partes y su imagen se desploma ante la opinión pública sin que ninguna operación de maquillaje mediático pueda hacer nada al respecto. Se critica que Santos tenga una política zigzagueante, pero no puede ser de otra manera pues ésta refleja las contradicciones propias del bloque dominante en medio de una grave crisis de hegemonía. Pero en lo que no muestra ningún zigzagueo, es en la defensa a rajatabla del modelo, como queda demostrado con la nominación del nuevo ministro de agricultura, Rubén Darío Lizarralde, empresario palmicultor, gerente general de Indupalma, empresa intrínsecamente ligada al paramilitarismo, personaje implicado en negocios obscuros y acusaciones de corrupción en su contra en el departamento de Vichada, enemigo declarado de las Zonas de Reserva Campesina[9]. No podía Santos, en todo el país, encontrar un ministro más anti-campesino. Pero Lizarralde representa fielmente el modelo de desarrollo rural al servicio de las multinacionales y la agroindustria que su gobierno define como una locomotora del desarrollo.

Santos negociará desesperado, improvisará, ofrecerá plata a diestra y siniestra, asumirá compromisos que invariablemente incumplirá. No podrá cumplir a menos que dé un viraje radical en su política, cosa que no hará. Ya lo hemos visto prometiendo demasiado estos años, sin cumplir nada. Amylkar Acosta, ahora flamante ministro de minas, explicaba -en una columna escrita hace apenas una semana- que, “en vísperas del ‘tal paro’ (…) un proyecto de presupuesto para la vigencia del 2014 (…) recorta la partida correspondiente a la inversión del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural el 37%. Más grave aún, (…) habiéndose comprometido el Gobierno a mantenerle a los cafeteros el programa de Protección de Ingreso al Caficultor, (…), no incluyen esta partida en su proyecto de presupuesto[10]”. Así es Santos y toda la oligarquía colombiana: firman con la mano y borran con el codo.

 Crisis del modelo y la verdadera naturaleza del régimen

Es importante recalcar que los compromisos asumidos por Santos con las “dignidades” en términos de salvaguardas y compensaciones no representan un cambio de política y no son más que paños tibios que postergan la crisis en lugar de superarla. De ahí no pasará, a menos que la presión popular se encargue de quebrar el espinazo del sistema. La profundidad de la crisis nos señala que estamos ante una crisis del modelo, como se expresa en la amplia convocatoria de la protesta; aún en nuestro ambiente cercano, hemos visto personas políticamente conservadoras expresar su hastío con las políticas de miseria del Estado oligárquico. Ahí está Boyacá, departamento tradicionalmente “godo” y hoy bastión de la lucha campesina.

Esta movilización, así como las luchas del Catatumbo, también han evidenciado la naturaleza violenta y anti-popular del régimen colombiano, más allá de toda la retórica hermosa sobre cambios que acompaña al proceso de paz. Santos fantasea con el post-conflicto y pone una presión indebida sobre las negociaciones de La Habana, a fin de sacar una paz barata, exprés, alimentando la quimera de que un conflicto de seis décadas puede solucionarse en unos meses de negociación porque a él, desde su cálculo politiquero le conviene; al mismo tiempo, utiliza la fuerza militar contra las protestas sociales que recorren el territorio colombiano. ¡Si no hay garantías para la protesta social de los sectores legalmente constituidos, nos podemos imaginar qué garantías puede dar el actual régimen a las fuerzas insurgentes una vez abandonen la lucha armada! La violencia del régimen contra el pueblo demuestra que es la violencia de Estado, como respuesta mecánica al descontento y las demandas sociales, la cual está en la base del conflicto armado colombiano. Recordemos que los que originalmente se conformaron como autodefensas, fueron los campesinos ante la violencia oficial y paramilitar del régimen –de ahí proviene el movimiento guerrillero. Santos lo que ha hecho es demostrar que esta oligarquía, violenta, mafiosa, no ha renunciado a la utilización de la violencia letal para mantenerse en el poder a toda costa.

No menos sorprendente fue la estigmatización de los movimientos detrás de la protesta, en particular de la Marcha Patriótica, a quienes Santos cuestionó por tener una “agenda política”… ¿es que acaso la política es patrimonio de la elite dorada a la cual él representa? ¿Si los movimientos populares, campesinos o de izquierda tienen una agenda política también para el país, entonces eso los convierte en sospechosos y en objetivo militar? ¿Según Santos sólo los ricos tienen derecho a pensar el país y el rol de los pobres es servir de apoyo a las maquinarias clientelistas electorales que ellos crean para repartirse al país como su torta privada? Esta criminalización concluyó, entre otras detenciones arbitrarias, con la prisión de Húber Ballesteros, dirigente agrario y de la Marcha Patriótica, vocero nacional de la MIA, arrestado bajo cargos de “rebelión” sacados de debajo de la manga[11]. Con esto Santos nos demuestra que no tiene ningún interés de avanzar de manera sustancial en la apertura democrática y que su concepto de democracia sigue siendo restringido, elitista, impermeable a la participación popular.

Un nuevo poder en ciernes


El desarrollo de la lucha, que comenzó como un rugido sordo, que fue creciendo hasta convertirse en un poderoso clamor popular en todo el territorio, ha venido a confirmar y a matizar las cuatro constataciones básicas que hacíamos un día antes de comenzar el paro:

  • · El sector que lidera las luchas populares en Colombia, es el campesinado, liderazgo que deriva de la centralidad que la Colombia rural tiene en el proyecto rentista, minero-exportador del gobierno; del carácter oligárquico del Estado; y del enorme acumulado de resistencias históricas de este sector. Al calor de las demandas y la movilización campesina, se canalizó el descontento popular de las amplias capas urbanas, expresado en movilizaciones gremiales, estudiantiles y cacerolazos. La ruana se convirtió en un emblema de dignidad.

  • ·    Que el pueblo avanza en un proceso de unidad y convergencia, pero que los niveles de unidad alcanzados aún son insuficientes para las tareas del momento. La protesta comenzó con pliegos diferentes (MIA, Dignidades, CNA, gremios) y, aunque es normal que diferentes sectores y localidades tengan propuestas específicas, al calor de la lucha no se logró concentrar la lucha en las demandas centrales y más sentidas por todos los sectores. Eso dio pie para que el gobierno buscara dividir al campo popular mediante la negociación sectorial y parcial: paperos por un lado, transportistas por otro, lecheros por acá, indígenas Pastos por allá, etc. Al final, las “dignidades” se bajaron en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Huila, Tolima y Nariño, y los transportistas lograron un acuerdo por su cuenta. Las negociaciones con la MIA tienen un carácter nacional y agrupan al sector más importante del paro; sin embargo, hay sectores que no están representados en ella, como los agrupados en torno al Coordinador Nacional Agrario, que tienen un aporte específico que hacer. La unidad no tiene sólo una dimensión cuantitativa, sino también cualitativa, ya que se enriquece no sólo por el número de personas sino por el número de visiones y aportes. La unidad desde abajo, desde la lucha, desde la base, sigue siendo una tarea pendiente en la cual hay que dar pasos mucho más audaces y abandonar ciertos chovinismos organizativos. Las tareas que nos convocan nos requieren espíritu amplio y generosidad con los compañeros.

  • ·    Las bases populares, hastiadas y burladas, han comenzado a desbordar los canales institucionales de domesticación de la protesta y a superar a las dirigencias burocráticas. Las dirigencias de las federaciones, en la cama con el bloque en el poder, no impidieron que sus bases insatisfechas salieran a la calle aún cuando oficialmente no respaldaran o se opusieran a la movilización. Si bien los titulares de los primeros días decían que los sectores populares salían al paro “divididos”, en realidad quedaba en evidencia que esas burocracias están tan fuera de sintonía con las necesidades de sus bases como el mismísimo gobierno. Lo mismo se vio con las dirigencias superiores del movimiento indígena, que gracias a la luna de miel que vive con el santismo, evidenciada en los besitos que el 9 de agosto Santos envió a la ONIC y al CRIC (que les agradecía su contribución a Colombia)[12], se mantuvieron prácticamente al margen, salvo la movilización de último minuto del CRIC en el Cauca que más parecía un intento de no quedarse totalmente al margen de los eventos. Sin embargo las comunidades indígenas y las bases de esas organizaciones desde un primer momento se movilizaron de la mano de afrodescendientes y campesinos mestizos, con gran fuerza en el suroccidente, pero también en otras regiones del país. 

  • ·    Que las masas mismas son las que han irrumpido en el escenario político mediante su lucha. Sorprende no sólo la persistencia de la resistencia, sino además la capacidad popular para desarrollar al calor de la lucha liderazgos verdaderamente colectivos, nacidos de las mismas bases, dejando entrever una nueva forma de democracia, ajena a las roscas y caudillismos tan propios de la política colombiana. Hemos dicho que hay algo nuevo que está naciendo en Colombia, algo que se ha definido de forma más nítida en este paro, y es, ni nada más ni nada menos, que la emergencia de un verdadero poder popular capaz de enfrentar al poder de la oligarquía, concentrado en el Estado. Un poder creador y soberano, que no se conforma con promesas ni con ser tratado como clientela electorera.

*******

El paro agrario y popular no se ha acabado, pese al acuerdo sobre desbloquear las rutas: hoy hay movilización del sindicato de la educación (FECODE), los estudiantes seguramente pronto tendrán sus propias movilizaciones y las organizaciones populares han planteado que estarán expectantes al cumplimiento de los acuerdos que, de no cumplirse, los verán de nuevo tomarse las rutas. Pero las luchas del mañana deben contar con niveles más amplios de coordinación y unidad, la cual no puede improvisarse a último minuto. La histórica división dentro del movimiento popular, sigue siendo el talón de Aquiles del pueblo. Aunque digamos a manera de consigna que necesitamos uno, dos, cien Catatumbos, en realidad el pueblo colombiano no puede darse semejante lujo: el Catatumbo fue una lucha heroica, histórica, que produjo un punto de inflexión en las luchas sociales, pero necesitamos movilizaciones de alcance nacional, con un programa mínimo común, que convoquen a todos los sectores afectados por el régimen en base a propuestas sencillas de superación del actual modelo rentista, neoliberal, excluyente.  

El consenso social en torno a Santos se ha esfumado y éste alcanza niveles históricos de impopularidad. El más claro sostén del régimen, en estos momentos es la física violencia, la cual no podemos permitir que quede en la impunidad. Lo cual tiene obvias implicancias para el actual momento político. Por una parte, debido a la ilegitimidad del actual régimen y del actual modelo, un eventual acuerdo de paz entre Santos (quien negocia a nombre del Estado y no como persona particular) y la insurgencia, si quiere tener un mínimo de legitimidad social, debe tener un mecanismo de participación popular más amplio y de mayor alcance que la mera ratificación por referéndum que propone el gobierno. La propuesta de la asamblea constituyente, en este escenario, adquiere una relevancia mucho mayor.  

Finalmente, en el seno del movimiento popular está naciendo un nuevo poder, que debe expresarse con toda claridad, que debe ser ambicioso en su vocación transformadora. Si bien algunos comentaristas mencionan la importancia de estar en el show que se está montando Santos el 12 de Septiembre con el Gran Pacto Nacional por el Agro, porque hay que debatirles, porque hay que “aguarles la fiesta”, también es cierto que no podemos seguir eternamente permitiendo que la agenda política la siga imponiendo la oligarquía. Si bien es importante que hayan representantes de las organizaciones populares en ese encuentro para debatir y sentar una posición clara, es muy acertada la decisión de la MIA de convocar a su propia Cumbre Agraria Campesina y Popular, donde la agenda la ponga el mismo pueblo. Por fin está llegando la hora a los de abajo y no podemos dejarla pasar. Estamos en un momento histórico que es como una bisagra y debemos poner todas nuestras fuerzas para que la crisis se solucione de manera favorable a los intereses populares; si no, como decía el anarquista italiano Malatesta ante la emergencia del fascismo: “la burguesía nos hará pagar con sangre el susto que le hemos hecho pasar”. Ya sabemos de sobra que a la oligarquía colombiana no le importa derramar toneladas de sangre para que no le alboroten el rancho; pero los vientos soplan a nuestro favor y de nosotros depende romper, por fin, el ciclo infernal de violencia de clase que consume a Colombia.

10 de Septiembre, 2013


Publicado por en

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)