“Sembrando dignidad, labrando
esperanza y cosechando país”
Bogotá,
marzo 16 de 2014.
Por convocatoria de la
Mesa de Interlocución Agraria - MIA, la Marcha Patriótica, el Coordinador Nacional
Agrario - CNA, el Congreso de los Pueblos, el Proceso de Comunidades Negras -
PCN, la Mesa de Unidad Agraria - MUA, la Coalición de Movimientos y
Organizaciones Sociales de Colombia - COMOSOC, la Organización Nacional
Indígena de Colombia - ONIC, el Movimiento por la Constituyente Popular - MCP,
Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, FENSUAGRO, Asociación
nacional de Zonas de Reserva Campesina – ANZORC y Asociación Campesina Popular-
se realizó en la ciudad de Bogotá, del 15 al 17 de marzo, la Cumbre Agraria:
campesina, étnica y popular. La Cumbre reunió a 30 mil personas provenientes de
todas las regiones del país.
La Cumbre es un
proceso que ha venido construyéndose a partir de los paros agrarios e indígenas
del 2013, movilizaciones que cobraron la vida de 19 compañeros, otros 600
resultaron heridos y decenas fueron detenidos y encarcelados. El gobierno
nacional se sentó a concertar una serie de pliegos y acuerdos en mesas de
interlocución y negociación. La Cumbre nace porque después de esta “rebelión de
las ruanas, los ponchos y bastones” que suscitó el más amplio respaldo nacional
e internacional, el presidente Santos convocó a un Pacto Agrario con las élites
agroindustriales y gremiales del campo, excluyendo con esto al movimiento agrario
de las definiciones y medidas a adoptar en materia de política agraria
nacional.
La Cumbre realizó un
balance del incumplimiento del gobierno nacional ante los compromisos
adquiridos, los pliegos y acuerdos firmados; avanzó en el proceso de unidad del
movimiento agrario en Colombia y desde éste; definió una ruta unificada de la
movilización y mecanismos para una negociación articulada y unitaria. La Cumbre
definió los caminos para enfrentar conjuntamente las nefastas políticas
neoliberales aplicadas por los gobiernos de turno y a sembrar dignidad, labrar
esperanza y cosechar un nuevo país desde las iniciativas de las organizaciones
campesinas, indígenas y afrodescendientes.
La Cumbre considera
que mediante un ejercicio de soberanía, debemos ser los pueblos y las
comunidades quienes ordenemos el territorio, definamos sus usos y las distintas
maneras de habitarlo. Este ordenamiento territorial popular debe armonizar la
conservación del medio ambiente con el aprovechamiento que de él hagan, las comunidades
agrarias para su pervivencia.
Nuestras propuestas
territoriales exigen el respeto de las figuras colectivas de gobierno propio y
la defensa de los territorios de las comunidades campesinas, indígenas y
afrocolombianas.
La reforma agraria
integral sigue siendo para nosotros la solución estructural para los problemas
de acceso a la tierra, formalización de la propiedad y desarrollo rural, con
inversión social y políticas públicas.
En este propósito es
preciso detener el modelo extractivista que concentra la propiedad de la
tierra, la entrega a empresas multinacionales, acaba con la economía campesina
y destruye la vida.
La Cumbre propone un
modelo económico que garantice la pervivencia de los pueblos a través del
fortalecimiento de las economías campesinas, indígena, afrodescendientes y de
los sectores populares. La autonomía territorial es un factor determinante en
la construcción de una política económica y de producción de alimentos
soberana. Para tal fin se debe derogar la normatividad que permite el monopolio
transnacional sobre las semillas y el conocimiento ancestral.
El acceso a la riqueza
minero-energética conlleva al respeto por los bienes de la madre tierra, su
explotación debe ser una decisión consultada a las comunidades y desarrollada
como ejercicio de soberanía nacional.
El plantearnos una
alternativa a los cultivos de coca, amapola y marihuana, nos llama a rechazar
el prohibicionismo que admite tratamientos represivos, las fumigaciones
indiscriminadas, la erradicación forzada y el encarcelamiento de los
cultivadores como solución. Entendemos el reconocimiento de su uso tradicional,
ancestral y los usos alternativos. Proponemos programas de sustitución
autónoma, gradual y concertada, el impulso a los cultivos alternativos con
garantías de comercialización.
Para el pueblo
colombiano es imperativo conocer la verdad, complementarla con mecanismos de
justicia y reparación; la memoria histórica es un aporte importante para
avanzar hacia la no repetición.
Las garantías
políticas incluyen la no criminalización y judicialización de la protesta
social, el desmonte del fuero penal militar. Se debe permitir la participación
amplia, efectiva y con carácter decisorio en las instancias de planeación y
definición de la política de producción agropecuaria y de desarrollo rural,
teniendo en cuenta las propuestas
construidas por las comunidades de manera autónoma.
Los pueblos tenemos
derecho a la vida digna y a que se nos garanticen las condiciones materiales
necesarias. Se debe apropiar un presupuesto especial para garantizar la
financiación de las iniciativas territoriales, con mecanismos autónomos de
ejecución.
El Estado debe reconocer que muchas de las
problemáticas que viven las ciudades son una consecuencia de la aplicación de
modelos económicos y de despojo en el sector rural.
El impulso a las
economías agrarias y populares tiene un soporte importante en el apoyo que
reciba de los grandes centros poblados, es necesario adelantar pactos entre las
grandes capitales y los municipios que le aportan los alimentos de la canasta
familiar.
La solución política
al conflicto social y armado sigue siendo un anhelo de la sociedad en la
búsqueda de la paz con justicia social, por esa razón es fundamental y urgente,
que se inicie un proceso de diálogo con las insurgencias del ELN y el EPL.
Respaldamos los diálogos de La Habana entre el gobierno y las FARC. Resaltamos
el papel que debemos jugar las organizaciones y procesos como movimiento social
con voz propia. Los diálogos regionales son una herramienta importante para
avanzar en la construcción de la agenda social y política por la paz. La Cumbre
Agraria asume el impulso a un gran movimiento social que trabaje por la paz
como condiciones de vida y exija garantías para la participación de la
sociedad.
La Cumbre Agraria
logró, por primera vez en la historia de los movimientos sociales del país,
construir un pliego unitario de las organizaciones campesinas, indígenas y
afrocolombianas. El pliego unitario representa las exigencias políticas,
económicas, sociales, ambientales, culturales y territoriales de comunidades
históricamente marginadas y excluidas, es un llamado de atención al gobierno
nacional sobre la urgencia de atender estructuralmente a un mundo rural que
reclama ser sujeto de derechos. La Cumbre propone también una mesa única de
negociación, un escenario que permita cualificar el nivel de interlocución,
evitar la dilación y dispersión gubernamental y lograr acuerdos ejecutables en
el corto y mediano plazo. La unidad alcanzada hoy es también la unidad de
acción, contamos ahora con una ruta de movilización social que haga exigibles y
alcanzables los derechos negados. La Cumbre y sus propuestas son una apuesta
definitiva por el logro de la paz. Una paz, que para ser estable y duradera
requiere de ser construida desde abajo,
con nosotros y nosotras, una paz socialmente incluyente, basada en la
verdad, la justicia, la efectiva participación política y la vigencia plena de
los derechos humanos en los campos de Colombia.
La Cumbre es parte
transitoria de un proceso constituyente caminado de la mano de la Minga
indígena, los congresos de los pueblos, consejos territoriales del pueblo, los
procesos constituyentes por la paz con justicia social, los mecanismos de
participación directa y la autonomía que a diario ejercen las comunidades del
campo y la ciudad que reclaman ser reconocidas. El acuerdo político y social
que edifique la paz deberá ser la parte culminante de este proceso
constituyente. La posibilidad de un proceso de asamblea nacional constituyente
está en el horizonte de reflexión de la sociedad colombiana en su conjunto.
Estamos construyendo una ruta propia desde el movimiento popular para llegar a
este momento. El camino hacia la paz, requiere, mientras tanto, de un decidido
y vigoroso movimiento social por la paz, al cual convocamos a todos los
sectores políticos y sociales del país. La paz incluyente no se construye con
“acuerdos de élites y corbatas” que desconocen a los de poncho, a los de ruana,
a los de azadón y machete, a los sujetos políticos y sociales del campo y sus
propuestas.
Ante el reiterado
incumplimiento del gobierno nacional frente a la palabra y los compromisos
adquiridos para levantar el paro agrario del año pasado, la decisión de la
Cumbre Agraria: Campesina, Étnica y Popular es la de volver al paro nacional
agrario, cuya hora cero dependerá de la respuesta gubernamental. La Cumbre
extiende un plazo al gobierno hasta la primera semana de mayo. A partir de este momento la Cumbre bajará a
los resguardos indígenas y a las veredas de los territorios afros y campesinos,
a las barriadas y organizaciones sociales de las ciudades, a los sindicatos, a
organizar los comités de paro y a convocar a todos los sectores sociales y
populares en conflicto para acordar una dinámica coordinada en perspectiva de
bloque popular.
Las propuestas del
gobierno no son soluciones. El Pacto Agrario es una repartija más de recursos
públicos con fines clientelares y electoreros. El gobierno nacional tiene la
oportunidad histórica de solucionar la crisis estructural del campo a partir de
nuestras propuestas recogidas en el pliego unitario, creemos en el diálogo
social como la ruta para alcanzar la justicia social y la anhelada paz estable
y duradera para Colombia. Nuestras propuestas están sobre la mesa, le queda la
responsabilidad histórica al gobierno de atenderlas.
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