9 de abril de 2018
Por la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes RED DDHH FIC, Asociación de
Consejos Comunitarios del Norte del Cauca- ACONC, Consejo Asociación de Cabildos
Indigenas del Norte del Cauca-ACIN, el Consejo Regional Indígena del Cauca-
CRIC y el Equipo operativo nacional de Garantías y Derechos humanos de la Coordinación
Social y Política Marcha Patriótica.
1. Contexto general
·
Firma del Acuerdo Final de Paz gobierno Nacional
FARC-EP. Deficiente implementación normativa y territorial. Vaso medio lleno
medio vacío.
·
Diálogos entre el Gobierno colombiano y el ELN. Inicio y finalización del
Cese al Fuego Bilateral Temporal. Inicio del 5 ciclo de conversaciones.
·
Descenso de las afectaciones y desescalamiento del
conflicto armado interno. Hay que reconocer que el silencio de los fusiles
trajo consigo que tuviéramos la tasa de homicidios más baja en los últimos 30
años (24 x cada 100 mil habitantes)[1]
·
En algunos de los territorios en los que en el pasado las FARC EP tuvo
presencia a través Bloque
Occidental “Alfonso Cano” (Compuesto por las columnas Móviles: A. Arturo Ruiz.
B. Jacobo Arenas. C. Miller Perdomo y los Frentes 6, 8, 9, 29, 30 y 60), se evidencia una
incapacidad estatal para hacer presencia (política, económica, social y de
seguridad) y en consecuencia se presenta una creciente confrontación entre
actores armados para hacerse al control de circuitos económicos (que
representan importantes fuentes de rentas), el control político y militar del
territorio.
·
Presencia de FARC – EP año 2016
· Incremento del accionar de GAO – Grupos Armados
Organizados (Paramilitares e insurgencia), GAOR - Grupos Armados Organizados
Residuales y GDO – Grupos Delincuenciales Organizados.
· Incremento de los índices de violencia
sociopolítica en contra de líderes/as sociales y defensores/as de Derechos
Humanos.
· Incremento de los índices de violencia
sociopolítica en contra de integrantes de FARC en proceso de reincorporación y
familiares.
· La persistencia de la
desigualdad, la discriminación y el irrespeto a la autonomía la integridad
dignidad y cultura de las comunidades campesinas, afrocolombianas, e indígenas.
· Desconocimiento y banalización de la realidad por
parte del Estado. Y en consecuencia falta de acciones efectivas y eficaces.
2. Factores de riesgo
2.1. Localización geográfica del riesgo
De acuerdo
a la Alerta Temprana 026 de 2018 de la Defensoría del Pueblo en 32 de las 33
divisiones territoriales que tiene Colombia (32 Departamentos y el Distrito
Capital) está focalizado el riesgo. Esto equivale al 96,96%
del País.
Igualmente
en 324 de los 1.122 municipios que tiene Colombia está focalizado el riesgo.
Esto equivale al 28.87% de los municipios del País.
En el Departamento del
Cauca los siguientes Municipios están en riesgo: Almaguer, Argelia, Bolívar,
Buenos Aires, Cajibio, Caldono, Caloto, Corinto, Guachené, Guapi, El Tambo, La
Sierra, López de Micay, Jambaló, Mercaderes, Páez, Patia, Piamonte, Popayán,
Puracé, Rosas, Santander de Quilichao, Sotará, Suárez, Sucre, Timbio,
Villarica, Miranda
Lo que implica que 28 de
los 42 municipios del Departamento se encuentran en riesgo. Esto equivale al
66,6666667% del Departamento.
2.2.
Población en riesgo
De acuerdo a la Alerta Temprana 026 de
2018 de la Defensoría del Pueblo 424 organizaciones sociales, comunales,
étnicas, de género y diversidades, políticas y populares de carácter regional y
nacional con presencia en 32 divisiones territoriales se encuentran en riesgo.
Para el caso del Departamento del Cauca se describió que 38
organizaciones se encuentran en riesgo.
1. Asociación Campesina de Caloto
2. Proceso comunitario vereda La Arrobleda (Caloto)
3. Asociación de trabajadores campesinos de la zona
de reservas campesinas del municipio de Caloto- ASTRAZONACAL
4. Resguardo indígena de Rioblanco (Popayán)
5. Asociación de trabajadores campesinos de la Zona
de Reserva Campesina del municipio de Corinto – ASTRAZONAC
6. Comité Regional Indígena del Cauca - CRIC
7. Federación Nacional Sindical Unitaria
Agropecuaria – FENSUAGRO
8. Proceso de Unidad Popular del Suroccidente
Colombiana –PUPSOC
9. Movimiento Marcha Patriótica
10. Comunidad educativa y bomberos voluntarios de
Cajibío
11. Proceso comunitario Junta de Acción comunal del
corregimiento de Fondas (El Tambo)
12. Comité de integración del Macizo Colombiano –
FUNDECIMA (Almaguer)
13. Asociación Campesina de trabajadores de Argelia
– ASCAMTA
14. Pro Asociación Campesina de Sucre (Bolívar)
15. Asociación de Juntas comunales de los ríos
Mira, Nulpe y Mataje – ASOMINUMA (Mercaderes)
16. Asociación Campesina de Piendamó
17. Asorenacer Siglo XXI (Suárez)
18. Asociación indígena Avelino Ur (Toribío)
19. Asociación de trabajadores campesinos de Totoró
– ASOCAT
20. Asociación Campesina Inzá Tierradentro – ACIT
(Inzá)
21. Mesa regional de organizaciones sociales,
campesinas, indígenas, juveniles de la Baja Bota Caucana, Jardines de
Sucumbíos, Ipiales, Nariño y Putumayo
22. Partido Comunista Colombiano
23. Mesas de víctimas
24. Unión Patriótica
25. Asociación de Usuarios de Servicios Públicos
(Popayán)
26. Federación de Estudiantes Universitarios – FEU
(Popayán)
27. Asociación de institutores y trabajadores de la
educación del Cauca- ASOINCA
28. Asociación Sindical de Profesores
Universitarios – ASPU
29. Ruta Pacífica de las Mujeres
30. Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del
Cauca – ACIN
31. Consejo regional indígena del Cauca – CRIC
32. Coordinadora cívica por Mercaderes
33. Líderes de Consejos comunitarios
34. Asociación de trabajadores campesinos de
Cajibío –ATCC
35. Coordinadora Nacional de cultivadores de hoja
de coca, amapola y marihuana – COCCAM
36. Coordinación Nacional de organizaciones y
comunidades afrodescendientes – CONAFRO
37. Coordinación Nacional Étnica de Paz – CENPAZ
38. Coordinación de consejos comunitarios y
organizaciones de base del pueblo negro de la Costa Pacífica del Cauca – COCOC
2.3. Presencia y reconfiguración del
fenómeno Neo paramilitar en los territorios de grupos Paramilitares
Consolidación de áreas de
dominio de los grupos paramilitares
o como se denominó en el acuerdo de paz “organizaciones sucesoras del
paramilitarismo y sus redes de apoyo” que institucionalmente en Colombia
inicialmente fueron denominadas bandas criminales emergentes (BACRIM) y
posteriormente grupos Delictivos Organizados (GDO) y Grupos Armados Organizados
(GAO)[2]
encuadrando su actuación en los negocios ilícitos tales como minería ilegal,
narcotráfico, pagadiario, redes de prostitución, etc.
En el
Departamento se ha reportado la presencia de: A. Autodefensas Unidas de
Colombia – AUC”, B. “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, C. “Los Urabeños”,
D. “Los Rastrojos”, E. “Águilas Negras”, F. “Escobas de Limpieza Territorial” y
G. “Clan del Pacifico”.
El accionar Paramilitar en el Departamento del
Cauca se erige como la principal amenaza al proceso de paz entre la insurgencia
armada de las FARC-EP y el gobierno nacional y los diálogos con la insurgencia
del ELN.
Dentro de
las principales acciones de grupos Neo Paramilitares se destacan
● Copamiento territorial en zonas
rurales y urbanas.
● Presencia intermitente, instalación
de redes de inteligencia y seguridad propias.
● Instalación de retenes y controles
sobre vías intermunicipales y veredales.
● Imposición de horarios y toques de
queda, restricciones a la movilidad.
● Reclutamiento de jóvenes
● Amenazas, homicidios, atentados,
desapariciones forzadas, confinamiento y desplazamientos forzados.
Municipios
Afectados
|
1. Miranda,
2. Corinto,
3. Caloto,
4. Toribio,
5. Santander de Quilichao
6. El Tambo,
7. Argelia,
8. Patía,
9. Balboa
10. Caldono,
11. Padilla,
12. Buenos Aires
13. Cajibio
14. Morales
15. Suarez
16. Bolívar,
17. La Vega,
18. Sucre,
|
19. Mercaderes,
20. Almaguer,
21. La Sierra
22. Sotara
23. Rosas
23. San Sebastian
24. Popayán
25. Piendamo
26. Silvia
27. Totoro
28. Inza
29. Paez
30. Lopez de Micay
31. Timbiqui
32. Guapi
33. Guachene
34. Puerto Tejada
35. Villa Rica
|
2.4. Insurgencia Armada
2.4.1. Ejército de
Liberación Nacional ELN
Se evidencia una dinámica de expansión del ELN hacia zonas en las que en
el pasado reciente no tenía presencia, lo que ha implicado la intensificación
de los enfrentamientos con la Fuerza Pública y con otros actores armados.
Frente de
Guerra Suroccidental. Frente José María Becerra (Uniformados).
Compañía
Lucho Quintero: Tambo, Argelia, Balboa. Amplio su territorio de influencia
después del acuerdo entre las FARC EP y el Gobierno Nacional ocupando espacios
que en el pasado controlaba los Frentes 8, 29, 30 y 60.
Frente
Manuel Vásquez Castaño. Compañía Camilo Cienfuegos: La sierra, La Vega, San
Sebastián, Almaguer, Bolívar, Mercaderes, Florencia y Santa Rosa. Amplio su
territorio de influencia después del acuerdo entre las FARC EP y el Gobierno
Nacional ocupando espacios que en el pasado controlaba la Columna Móvil Jacobo
Arenas)
Frente
Manuel Vásquez Castaño. Compañía Milton Hernández Ortiz: Santander de
Quilichao, Corinto, Caloto, Toribio, Inza y Páez. Amplio su territorio de
influencia después del acuerdo entre las FARC EP y el Gobierno Nacional
ocupando espacios que en el pasado controlaba el Frente 6 y la Columna Móvil
Jacobo Arenas.
2.4.2. Ejército Popular de Liberación EPL
En lo que respecta al EPL, grupo armado que tenía una presencia
focalizada en algunos municipios de la subregión del Catatumbo, en Norte de
Santander, ha tenido lugar durante los últimos dos años una fuerte expansión
hacia el Norte del
Cauca específicamente en los municipios de Morales, Suarez, Toribío y Caloto.
2.5. Grupos Armados Organizados Residuales GAOR
Está relacionada con la conformación de disidencias de las FARC EP,
particularmente auto denominadas
“Patria Grande o Patria Libre Ejército del Pueblo”, “6 Frente”, “3 Frente”, con
presencia en los Municipios de Cajibio, Morales, Suarez, Buenos Aires, Caldono,
Silvia, Caloto, Toribio, Corinto, Miranda, Argelia, Inza y Páez y las denominadas Guerrillas Unidas del Pacifico con
presencia en los Municipio de López de Micay y Guapi
2.6. Presencia militar y
policial
Pln
Horus (Victoria Plus) y Comunidades Seguras y en Paz, el Sistema Nacional de
Reacción Inmediata para el Avance de la Estabilización (SIRIE), la
clasificación de las regiones por niveles de complejidad alto, medio y bajo, el
cuerpo élite especializado de la Policía Nacional y las Unidades Básicas de
Carabineros –UBICAR.
a
Está relacionada con homicidios,
amenazas y heridas en el marco de la protesta social. Con un especial
resurgimiento de los homicidios de civiles en medio de acciones militares y de
falsos positivos.
“Miembros de
la Policía y el Ejército están siendo investigados por 14 asesinatos cometidos
durante las protestas sociales. En octubre, siete manifestantes fueron
asesinados en Tumaco, Nariño, en el marco de protestas en contra de la
erradicación forzada de cultivos ilícitos. Antes del inicio de la investigación
formal, la Policía alegó que había sido atacada con artefactos explosivos
improvisados. La OACNUDH no pudo confirmar esta alegación en el terreno. La
OACNUDH está apoyando las investigaciones en curso sobre este incidente. Hasta
el momento, dos comandantes han sido acusados”.[3]
3. Violencia sistemática en contra
de líderes sociales y defensores de derechos humanos
No obstante
un estudio en contexto de la situación actual nos permite afirmar que dentro de
los factores de sistematicidad en los homicidios en contra de líderes/as
sociales y defensores/as de Derechos Humanos se encuentran los siguientes:
a.
Temporalidad:
En el periodo
de tiempo comprendido entre el 1
de enero del año 2016 y el 31 de marzo de 2018, se
presentaron 89 homicidios de líderes/as sociales y defensores/as de Derechos
Humanos.
Lo que se
constituye en 24.45 % si se tiene en cuenta que a nivel nacional en el mismo
periodo de tiempo se han reportado 364 homicidios de líderes/as sociales y
defensores/as de Derechos Humanos (116 en el año 2016, 191 en 2017 y 57 en
2018).
Igualmente en el periodo de tiempo
comprendido entre el 24 de noviembre del año 2016 (Fecha en la que se
suscribió el Acuerdo Final) y el 31 de marzo de 2018, se presentaron 52
homicidios de líderes/as sociales y defensores/as de Derechos Humanos.
Lo que se
constituye en 19.84 % si se tiene en cuenta que a nivel nacional en el mismo
periodo de tiempo se han reportado 262 homicidios de líderes/as sociales y
defensores/as de Derechos Humanos.
Entre el 24
de noviembre del año 2016 (Fecha en la que se suscribió el Acuerdo Final) y el
4 de Abril de 2018, a nivel nacional han sido asesinados 56 ex combatientes de
las FARC – EP en proceso de reincorporación, 17 familiares y 6 ex combatientes
de las FARC – EP en proceso de reincorporación han sido desaparecidos
forzosamente. De este registro 6 de los homicidios se presentaron en el
Departamento del Cauca.
Por su
parte Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos e informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario
General, señalo “8. La OACNUDH está extremadamente preocupada por el aumento de
asesinatos de defensores de los derechos humanos, incluyendo a líderes sociales
y comunitarios, a pesar de los esfuerzos desplegados por el Estado para reducir
estos ataques. En 2017, la OACNUDH registró 441 ataques, incluyendo 121
asesinatos. Estos últimos incluyen a 84 defensores de los derechos humanos que
ejercían liderazgo, 23 miembros de movimientos sociales y políticos y 14
personas muertas durante las protestas sociales”.
Recientemente
la en la alerta temprana 026 del 28 de mayo de 2018 la Defensoría del pueblo
entre otros se señaló. En relación a homicidios de líderes/as sociales y
defensores/as de Derechos Humanos a nivel nacional en el año 2017 ocurrieron
126 homicidios y en el año 2018 22, para un total de 144. Así mismo indico que
entre el 1 enero 2016 y 27 febrero 2018, se registraron 282 homicidios de
líderes/as sociales y defensores/as de Derechos Humanos a nivel nacional.
Según las
cifras del SIADDHH, los homicidios contra estos activistas están en incremento
anual sostenido desde que empezó el proceso de paz: 2013 – 78 casos, 2014 – 55
casos, 2015 – 63 casos), 2016 – 80 casos y 2017 – 106 defensores, defensoras y
líderes sociales fueron asesinados (as); 26 más que en 2016, es decir un
incremento del 32.5% con respecto al año anterior.
b.
Distribución Geográfica de los Hechos:
En el periodo de tiempo comprendido entre el 1 de enero del año 2016 y el 31 de marzo de 2018, en 30 de los
42 municipios del Departamento del Cauca se presentaron homicidios de
líderes/as sociales y defensores/as de Derechos Humanos. Lo que evidencia que
en el 69.04% del departamento se presentan casos de este tipo.
Al comparar
con los homicidios de líderes/as sociales y defensores/as de Derechos Humanos
reportados a nivel nacional en los años 2016 y 2017, la tasa más alta se centra
en los mismos departamentos:
2016: Cauca
(42), Antioquia (15), Nariño (8), Valle del Cauca (5), Córdoba (5) y Chocó (4).
2017: Cauca
(35), Antioquia (27), Nariño (28), Valle del Cauca (14), Chocó (13) y Córdoba
(9).
2018: Cauca
(12), Antioquia (9), Nariño (4), Valle del Cauca (1), Córdoba (5) y Chocó (2).
Casos FARC:
Nariño (16), Antioquia (15), Cauca (6), Caquetá (5) y Chocó (4).
La mayoría
de los homicidios se concentran en zonas o regiones del Departamento con altos
niveles de militarización en donde se está desarrollando desde el 1 de enero de
2017 el “Plan Victoria, por la consolidación y estabilización de las regiones”
(Plan Victoria) y esta en marcha del Plan Horus o Plan Victoria Plus[4].
Los
homicidios se presentan en zonas en donde históricamente hacia presencia las
FARC-EP y han sido copadas por grupos criminales y organizaciones sucesoras del
paramilitarismo. Tal y como lo señalara OACNUDHC “Los casos de homicidios de
líderes y lideresas, y defensores han ocurrido en zonas de las cuales salieron
las FARC, y en las que se ha generado un vacío de poder por parte del Estado,
en contextos de violencia generalizada contra la población por el accionar de
criminalidad común u organizada”[5]
“Este
patrón de violencia pone de relieve cuán difícil resulta llenar el vacío de
poder dejado en las vastas zonas que antes estaban bajo la influencia de las
FARC-EP y en las que la ausencia o la presencia insuficiente de instituciones
públicas, tanto civiles como de seguridad, tras la retirada de las FARC-EP, ha
permitido que los grupos armados ilegales se expandan rápidamente con el propósito
de aprovecharse de los ingresos procedentes de las actividades económicas
ilícitas”[6].
A los
hechos anteceden amenazas colectivas e individuales por parte de organizaciones
sucesoras del paramilitarismo.
De acuerdo a la Alerta Temprana 026 Defensoría del
Pueblo “Si bien el 56% de los homicidios se registran en municipios altamente
rurales, de acuerdo con la categorización del índice de ruralidad del DNP: 36
en municipios rurales y 47 en municipios rurales dispersos; llama la atención
que entre los diez municipios más impactados aparecen los dos principales
centros urbanos del país”
Igualmente
el Informe de OACNUDH señalo “11. El 64 por ciento de los asesinatos ocurrieron
en las Zonas más Afectadas por el Conflicto (ZOMAC) y en zonas con una presencia histórica de las
FARC-EP. El vacío de poder que dejaron las FARC-EP después de su
desmovilización”.
Además
muchos de los homicidios se presentan en zonas en donde existen conflictos de
control territorial y disputas por rentas y recursos naturales. En esas zonas
las conflictividades violentas persisten alrededor la tierra, megaproyectos
viales y minero energéticos y de manera más evidente por rentas del
narcotráfico o de la minería ilegal.
c.
Tipos de Liderazgo
Al revisar
el tipo de defensor(a) asesinado(a), es alarmante el incremento de homicidios
de indígenas, afrodescendientes, campesinos y comunales (cargos directivos de
Juntas de Acción Comunal - JAC o Juntas Administradoras Locales – JAL).
Se
evidencia que los líderes y defensores de Derechos Humanos asesinados
realizaban en sus comunidades u organizaciones acciones diversas de ejercicio y
reivindicación de derechos, “y por ejercer labores de defensa de los derechos
humanos tales como: denunciar u oponerse a la existencia de economías ilícitas
y el accionar de la criminalidad; reivindicar derechos propios o colectivos;
apoyar políticas derivadas del Acuerdo de Paz y por conflictividad. Como se
puede observar, su labor en la defensa de los derechos de todas las personas
fue determinante con las agresiones que sufrieron”[7].
De los 31 casos
denunciados, las victimas de homicidio se encontraban desarrollando acciones de
impulso a la sustitución gradual y voluntaria de cultivos de uso ilícito en
desarrollo del Punto 4 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera. 7 hechos ocurrieron en el
departamento del Cauca.
Si bien por
las características de los procesos organizativos en los territorios, algunas
de las víctimas pertenecen simultáneamente a varias organizaciones (de
víctimas, campesinas, indígenas, afro descendientes y comunales, entre otras)
que a su vez están adscritas a procesos de nivel regional, se observa un alto
nivel de afectación respecto a los procesos de convergencia de organizaciones
sociales a nivel nacional entre los que se destacan el Movimiento Social y
Político Marcha Patriótica, la ONIC, el PCN y el Congreso de los Pueblos.
En el año
2018, se han reportado 57 asesinatos de líderes/as sociales y defensores/as de
Derechos Humanos de los cuales 23 eran campesinos, indígenas y afro
descendientes que hacían parte de las organizaciones que conforman la Cumbre
Agraria Campesina Étnica y Popular. 9 de los asesinados hacían parte de Marcha
Patriótica, 8 de la Organización Nacional Indígena de Colombia, 4 del Proceso
de Comunidades Negras y 2 del Congreso de los Pueblos.
d.
Modo de cometer homicidios:
De los
homicidios reportados es preocupante que la mayoría de los crímenes son
perpetrados por sicarios con armas de fuego de largo y corto alcance, que se
movilizan en vehículos y motocicletas que interceptan al defensor(a) causándole
la muerte con armas de fuego. Otros son cometidos con arma blanca, en algunos
casos se combina el uso de armas de fuego y armas blancas y al deceso antecede
tortura y desmembramiento de partes del cuerpo.
Al analizar
el lugar donde se cometieron los crímenes, continúa la tendencia que se ha
identificado en años anteriores, en la mayoría de los casos los homicidios
ocurren en la vivienda o a los alrededores de la vivienda del defensor(a); esto
indica la premeditación y seguimiento que precede al homicidio de los líderes
sociales, defensores y defensoras en Cauca.
Son
cometidos por grupos de hombres armados (algunos vestidos de negro, otros con
camuflado y cubriendo el rostro con pasamontañas) y algunos han sido precedidos
de amenazas individuales o colectivas, directas e indirectas.
e.
Presuntos Responsables:
En la
mayoría de los casos de asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos
permanece indeterminada la responsabilidad material o intelectual. Entre los
casos que tienen indicios de responsables casi la tercera parte se atribuyen a
grupos neo paramilitares.
En cuanto a
las amenazas es notorio que casi todas utilizan siglas de organizaciones sucesoras
del paramilitarismo como Autodefensas Gaitanistas de Colombia - ACG, Águilas
Negras, AUC, Rastrojos, entre otras.
En 6 casos
en particular han ocurrido bajo la responsabilidad de integrantes de la fuerza
pública en desarrollo de uso desmedido de la fuerza en el marco de la protesta
social.
Algunos de
ellos fueron cometidos por anteriores integrantes de las FARC-EP y el ELN que
en la medida de que el proceso de paz fue avanzando se hizo evidente su
coordinación con mafias de narcotraficantes y de grupos Paramilitares.
f.
Fines:
En el
contexto de la “administración del miedo”, propio de la actual etapa del
conflicto armado, los homicidios, atentados, y la distribución de panfletos, es
funcional al propósito de las organizaciones armadas ilegales de ejercer
control y dominio sobre la población. En la perspectiva de generar una
atmósfera de inseguridad y zozobra generalizadas, ello podría ser una
estrategia deliberada dirigida a crear confusión, impotencia y desconfianza
hacia las instituciones del Estado y los procesos de paz, junto con la negación
de la democracia como el escenario propicio para la garantía y efectividad de
los derechos fundamentales.
3.1 Amenazas y atentados
Durante los
años 2016, 2017 y 2018, en 29 de los 42 municipios del Departamento del Cauca se han presentado amenazas
individuales o colectivas, directas e indirectas a través de Panfletos,
llamadas, mensajes de texto a celulares, mensajes en redes sociales Facebook y
Whatssap y e - mails.
En el año
2017 se presentaron 69 amenazas individuales y colectivas y en lo que va
corrido del año 2018 se han presentado 17 amenazas y 4 atentados.
En el caso
de los panfletos amenazantes existen fundamentalmente dos factores de análisis:
a)
Factor
territorial: Algunos fueron distribuidos en zonas rurales y urbanas de municipios y otros a nivel
regional.
b)
Factor material: Existen dos tipos de amenazas:
●
Dirigidas a defensores de Derechos Humanos y/o
organizaciones que apoyan los procesos de paz, que defienden su territorio de
multinacionales y minería ilegal, que participan activamente en reivindicación
de derechos a través de la acción política, jurídica y la movilización social y
denuncian la corrupción. En los cuales además del señalamiento, y de las
amenazas de muerte expresas se ofrece recompensas económicas por atentar contra
la vida de personas.
●
Dirigidas a “ladrones”, “violadores”, “chismosos”,
“viciosos”, “expendedores de vicio”, “pre pagos”, “prostitutas”, “jaladores de
motos o carros”, “maridos que acostumbran pegarle a sus mujeres”, entre otros”,
bajo la modalidad “Intolerancia Social”[8].
4. A manera de
conclusión
Con base en lo anteriormente expuesto,
es
posible afirmar
que en Colombia si existe una sistematicidad en los homicidios cometidos en
contra de líderes/as sociales y defensores/as de Derechos Humanos al igual que
en contra de ex combatientes de las FARC-EP en proceso de reincorporación y
familiares al tener un número significativo de víctimas, pertenecientes a
grupos de características semejantes, sucedidas en un mismo periodo y espacio
geográfico, aunque con distinciones en los actores y modos de ejecución de
acuerdo al territorio, con modos de ejecución similares, y con unos fines
específicos.
Por lo cual nuevamente se insiste en
la necesidad de que el Estado Colombiano cumpla de manera efectiva con sus
compromisos internacionales de respeto, protección, prevención, investigación,
juzgamiento, sanción y garantía de los Derechos Humanos. Y en el contexto
actual de garantía a la labor de defensa y promoción de los Derechos Humanos en
Colombia y de los ex combatientes de las FARC – EP en proceso de
reincorporación y sus familias.
[3] Informe
anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e
informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General. Consejo
de Derechos Humanos. 37 período de sesiones 26 febrero-23 marzo 2018. Versión
no editada.
[4]https://www.elespectador.com/noticias/judicial/ministro-de-defensa-anuncia-plan-orus-para-recuperar-las-regiones-que-dejo-el-conflicto-articulo-727901
[5] Ibidem
[6] Informe del Secretario General sobre la Misión de
Verificación de las Naciones Unidas en Colombia. 27 diciembre 2017
[7] Ibidem
[8] “Estas expresiones de
intolerancia social son mecanismos de actuación de estructuras paramilitares que
buscan ganar respaldo de sectores sociales, pero también imponer un modelo de
conducta” Anotación de Luisa Orozco en revisión de este texto que vale la pena
resaltar por la explicación al fenómeno.
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