Por: JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ D[1]
Grave situación humanitaria en el Cauca
El gobierno colombiano
siempre insiste en que el derecho a la protesta social en Colombia se respeta.
Sin embargo, el Paro Nacional Agrario y Popular, convocado desde el 19 de
Agosto por las principales organizaciones campesinas del país, junto con sectores
como transportistas, salud y mineros, ha recibido un tratamiento militar por
parte de las autoridades, que han violentado toda clase de derechos de los
manifestantes. Es más, ni siquiera ha recibido la protesta social un trato
sencillamente militar: el trato que ha recibido es propio de una situación de
guerra sucia. Tanquetas, helicópteros artillados y desembarco de tropas,
sobrevuelo de aviones de guerra, fusiles, perdigones, bombas aturdidoras,
gases, bombas caseras con metralla… ese es el arsenal al que se han enfrentado
campesinos desarmados, que han salido a marchar presionados por el hambre y las
necesidades más básicas insatisfechas, muchas veces de la mano de sus familias.
En los departamentos de Caquetá, Meta y Huila se ha llegado, incluso, a que el
gobierno ofrezca hasta $10 millones (pesos colombianos) por información para
identificar a los líderes del paro, utilizando mecanismos propios de la guerra
contrainsurgente.
Oscar Salazar, dirigente
del proceso campesino de La Vega (Cauca) y uno de los voceros nombrados por la
Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo (MIA), una de
las principales instancias convocantes al paro, nos explica el panorama
represivo que se vive a nivel de país:
“Hay una
absoluta violación a los derechos humanos, estamos ante formas
desproporcionadas, absurda, hasta criminales, de violencia en contra de quienes
manifiestan su legítimo derecho a la protesta… el ejército lanza desde
helicópteros bombas aturdidoras, es muy duro,
tropas del ejército, que disparan de manera indiscriminada… hay una niña
víctima de estas agresiones, que le atravesaron el abdomen con un proyectil de
un fusil, acá en Cundinamarca… se están usando armas no convencionales,
escopetas recargadas con metralla para agredir a los manifestantes… la
violencia es totalmente desproporcionada…”
Guerra sucia contra los campesinos en el Cauca: El Cairo y Galíndez
Una situación
particularmente grave, es la que se vive en el departamento del Cauca, donde
los dos puntos de concentración, en el norte y en el sur del departamento,
enfrentan un cerco militar en el cual el ejército y la fuerza pública
demuestran su interpretación de la doctrina del “enemigo interno”. En esos dos
puntos, en El Cairo (Cajibío), y en El Pilón (Bordo-Patía) se está cercando
militarmente a los campesinos, mientras se les agrede, se les queman los
cambuches que han improvisado, los soldados les roban los alimentos y les botan
el agua. Según explica Lizeth Montero, de la Red de Derechos Humanos del
Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes”, la situación es incluso
más grave que un tratamiento militar, porque se están violentando principios
básicos aún en tiempo de guerra, como ser la “negación de corredores humanitarias, y el mantenimiento de condiciones
mínimas de las personas, se les está haciendo pasar hambre y se les está
privando de acceso a la salud… en el sector del Cairo incluso tuvimos un ataque
contra una misión médica, porque el ESMAD no permitió que se evacuara a los
heridos”. En esa ocasión, según informa un comunicado de la mencionada Red,
una misión humanitaria integrada, entre otros, por miembros de la defensoría
del pueblo, fueron repelidos por ESMAD y ejército con bombas de aturdimiento.
En El Cairo (Cajibío), se
encuentran congregados unos 2.000 campesinos, que están siendo violentados por
unos 600 efectivos, fuerzas combinadas del Ejército, Policía Nacional, Policía
Militar, ESMAD y 10 tanquetas. Aparte de los sobrevuelos constantes y ataques
desde helicópteros. Logramos hablar con un dirigente de los campesinos que
están acorralados, y su testimonio es dramático:
“Tenemos aproximadamente 10.000 personas movilizadas en el Cauca, unos
en el sur del departamento, otros en el norte... estamos sufriendo en este
momento un cerco militar, la defensoría del pueblo ha hecho presencia pero la
fuerza pública no facilita la reunión con nuestra gente, nos amenazan que nos
van a capturar, tenemos 2.000 campesinos en esta situación de zozobra… En
el sur tenemos unos 7.000 campesinos en un hueco, mientras la fuerza pública
está avanzando, tanto en el sur como en el norte, no nos dejan pasar alimentos,
realmente, es muy grave la situación”.
Tan grave es la situación,
que el gobierno ha llegado incluso a judicializar a dos heridos, Juan Pablo Bueno y un mayor de edad, Eusebio Ulcué, heridos durante la
represión de ayer, 20 de Agosto, en El Cairo. Nos aclara Lizeth Montero, sobre
la represión en El Cairo, que
“en estos momentos tenemos un herido por arma de fuego, Andrés Guachetá, herido en el pie.
También hay otros cinco heridos a causa del uso de gases y armas no
convencionales, granadas con grapas, y otras que se están arrojando contra la
población campesina. También tenemos cuatro detenidos, incluido un menor de
edad, Carlos Andrés Giraldo, del
municipio Corinto, que no sabemos dónde lo tienen… está desaparecido, lo que es
una situación muy angustiante”.
Los campesinos no dudan en
señalar a los oficiales Julio Pinzón
Arévalo, comandante de la XXIX Brigada del Ejército, y Ricardo Alarcón Campos, comandante de la Policía en el Dpto. de
Cauca, de ser los responsables materiales directos de estas agresiones y
abusos.
En el punto de
concentración sur, en El Pilón (Galindez- Patía), también se han reportado
ataques contra los manifestantes con fusil, bombas de aturdimiento, armas de
fragmentación y perdigones, por parte del ESMAD y el Batallón de Alta Montaña
No. IV "General Benjamín Herrera Cortez" del ejército. Como
consecuencia de estas agresiones, se han dado los siguientes heridos de
gravedad: Eiver Bolaños, herido de
un impacto de bala en el pie, Diógenes
Enríquez, herido en el cuello, Nestor
Timana, herido en el cráneo, cuello y brazo, Marino Díaz, herido en la pierna y Apolinar Montero, herido en la espalda. También hay 22 detenidos en
el sur del Cauca, y un número no determinado de personas agredidas y golpeadas
por la fuerza pública. Según Lizeth Montero, “no hay garantías para la protesta en ninguno de los puntos de
concentración en el departamento”.
Pese a la aplicación de una
violencia desmedida y de métodos terroristas por parte de las fuerzas del
Estado, la justicia de las demandas de los campesinos los mantiene firmes y
resueltos a seguir en su lucha. “Los
campesinos están replegados en estos momentos”, nos comenta el dirigente
campesino del Cairo, “están en asamblea
tomando decisiones, la gente está con ánimo y con la fuerza pues por la justeza
de las exigencias que tenemos, así vamos a seguir la movilización, pero estamos
cercados militarmente, entonces nos toca ver la correlación de fuerzas y
evaluar la manera de seguir adelante”.
Unidad nacional del movimiento: garantía para la victoria
Montero ratifica la
resolución del campesinado: “La
definición de la gente es de mantenerse y seguir en paro hasta que se tengan los
resultados a nivel nacional… la gente sigue con la decisión firme de participar
en la jornada, pese a la represión, estamos trabajando la unidad a nivel de las
coordinaciones nacionales para que haya más participación, hay perspectivas
positivas para los próximos días”.
Ese es el factor clave: en
medio de los pliegos regionales y departamentales, y de las dinámicas locales
de cada proceso, no debe perderse de vista que es una lucha nacional, que debe
darse de manera unitaria, sin ánimos mezquinos, que es lo que intenta cultivar
el gobierno para así dividir al movimiento y reducir la protesta a la
impotencia. Oscar Salazar se refiere a este tema, aclarando que:
“El gobierno está utilizando la táctica de negociar con unos y no con
otros de hace varias semanas, para fortalecerse utilizando a los movimientos
que buscan prebendas particulares, en lugar de demostrar la unidad del
conjunto… el gobierno da oportunidades para que se ganen prebendas y así ir
cooptando... a nosotros mismos nos llegó con esos señuelos, pero nosotros
dijimos que no, que esto es un problema de todos, que tenemos una mesa nacional
para negociar el conflicto y como tal tenemos que operar. Tenemos un pliego
nacional, tenemos un espacio de coordinación con los otros procesos en la
movilización nacional, esperamos así que podamos coordinar las acciones y
esperamos que todos los procesos fortalezcan sus acciones para negociar con el
gobierno nacional.
A pesar de la violencia
oficial que hemos presenciado en Boyacá, Cundinamarca, Valle del Cauca,
Nordeste Antioqueño, Cauca, etc., así como del bloqueo de los medios de
información oficiales, la protesta sigue: “La
represión ha sido brutal”, “pero aquí estamos. Hay 24 departamentos que
han acogido las diferentes convocatorias en el marco de este paro nacional
agrario y popular… nosotros como MIA, tenemos acciones en 17 departamentos, con
unos 50 puntos de concentración en todo el país, hemos llegado a tener
alrededor de 12 puntos de bloqueos nosotros solos… se mantienen
sistemáticamente 6, porque la represión ha sido brutal”. En total, sumando
a todas las expresiones convocantes a este paro (incluyendo a los camioneros,
al Coordinador Nacional Agrario, etc.), según la policía, se sostienen un total
de 18 los bloqueos en ocho departamentos. Según cifras oficiales de la policía,
se trataría de 30.000 manifestantes, pero en total, el número de personas que
participarían del paro, según la prensa oficial, podría ascender a 200.000
personas [1], cifra que no se ha podido concentrar debido a la violenta represión
que mantiene a los grupos dispersos.
La respuesta violenta del
Estado a una movilización social pacífica pone en entredicho las credenciales
democráticas de las que el gobierno colombiano presume, particularmente en
momentos en que se negocia un acuerdo de paz con la insurgencia. Salazar nos
dice de manera enfática al terminar nuestra conversación que “la injusticia social es lo que causa
toda esta violencia en Colombia, porque los campesinos se manifiestan con sus
manos vacías… las políticas del gobierno son violentas e injustas. No hay de
momento ninguna voluntad de diálogo”. Es preciso juntar manos y esfuerzos,
apoyar este paro, no ceder al miedo ni a la violencia del Estado, materializar
la indignación en acciones solidarias concretas. ¡Viva el paro agrario y
popular!
21 de Agosto, 2013
[1] http://www.semana.com/nacion/articulo/hay-18-bloqueos-45-protestas-policia/354760-3
* Para informaciones actualizadas sobre la situación en el Cauca y
en el Suroccidente colombiano, revisar la página web de la Red “Francisco
Isaías Cifuentes” http://www.reddhfic.org
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