Las organizaciones que integramos la Mesa Territorial de Garantías en el Departamento del Cauca, a diario denunciamos y repudiamos el incremento de la violencia socio política en contra de comunidades y pueblos en los territorios caucanos. En sólo el año 2020, en nuestro departamento han sido asesinados 71 personas líderes sociales y defensoras de derechos humanos, 177 desde la posesión del Presidente Iván Duque y 241 desde la firma del Acuerdo Final de Paz, así mismo, han sido asesinados 37 ex guerrilleros de las FARC – EP en proceso de reincorporación, se han realizado 14 tentativas de homicidios y se han perpetrado 11 masacres, a lo que se suman las amenazas, atentados, desplazamientos forzados y la estigmatización, represión desmedida e infiltración con fines de sabotaje a la legitima protesta social.
Hemos sido enfáticos/as en señalar la violencia estructural que existe en nuestro país, identificando entre las causas una disputa histórica de poder político, económico y militar legal e ilegal en nuestros territorios; en los que muchos pueblos y comunidades viven situaciones de marginalidad, sin acceso a tierras, con necesidades básicas insatisfechas, en extrema pobreza, enfrentando la falta de oportunidades.
Hace unos años saludamos el Acuerdo Final de Paz alcanzado entre las FARC – EP y el gobierno nacional con el cual tuvimos la esperanza de avanzar en una paz estable y duradera. Lamentablemente, en la actualidad, hemos señalado los evidentes incumplimientos por parte del Estado Colombiano, pues las transformaciones en materia de reforma rural integral, de participación política, de solución al problema de las drogas, de víctimas y de fin del conflicto, en su gran mayoría se han quedado en el papel y el discurso. Igualmente tuvimos esperanza en el proceso de dialogo con el Ejército de Liberación Nacional, por lo que rechazamos el cierre a la posibilidad de dialogo definida por el gobierno del presidente Iván Duque. Ambas situaciones son estocadas al anhelo de una paz estable y duradera para nuestros territorios.
Desde la MTG, en diversos espacios de dialogo a los que los gobiernos Nacional y Departamental nos han convocado hemos presentado contextos sobre la situación humanitaria, incluyendo el incremento de las vulneraciones a los derechos humanos cometidas por agentes de la fuerza pública, que se suman a los diversos diagnósticos que se han realizado en nuestro departamento sobre la violencia socio política, igualmente hemos presentado solicitudes y requerimientos específicos para avanzar en la defensa y protección de los derechos humanos. Recientemente el Gobierno Nacional se vio obligado a reactivar el proceso de garantías (mesa nacional y mesas territoriales de garantías), y decimos obligado, porque lo hizo no por voluntad propia, sino debido a las órdenes del fallo de tutela del derecho a defender derechos, a las solicitudes de la comunidad internacional y a los comunicados e intervenciones de organizaciones nacionales y en los territorios.
En estos espacios de interlocución pese a que hemos logrado visibilizar ante comunidad internacional y organismos de control la situación humanitaria y las serias dificultades institucionales para hacer presencia integral en los territorios, no se han logrado avances tangibles para las comunidades y pueblos caucanos, pues el Estado no brinda garantías para la defensa de derechos humanos y continúa desarrollando su nefasta política de defensa y seguridad, convocando a consejos de seguridad y a sesiones del PAO, tomando decisiones unilaterales que claramente han resultado inefectivas.
En el ejercicio de preparación de la MTG en el Departamento del Cauca se han hecho más de una decena reuniones, sub mesas técnicas, con compromisos concretos que recurrentemente han sido incumplidos por instituciones gubernamentales, hasta el punto de caer en la lógica de renegociar lo acordado, incluida la agenda de reuniones a pesar de que la situación de vulneración a los Derechos Humanos no solo se ha mantenido, sino que se ha agudizado. En este momento el proceso está estancado, para lo cual proponemos que la fecha de realización de la Mesa Territorial de Garantías se debe acordar y se debe realizar de manera presencial.
Con la convicción de que el conflicto armado interno solo se superará en una mesa de diálogos y negociaciones con la más amplia participación social y ciudadana, que el conflicto social, solo se superara si se profundiza la democracia y participación ciudadana, hoy, nuevamente exhortamos al Estado Colombiano, a dar muestras del compromiso político que dice tener con el respeto y garantía de la vigencia plena de los derechos humanos en Colombia y que en consecuencia se avance en una ruta real y coherente hacia la solución política al conflicto social y armado colombiano.
Reiteramos el llamado a la fuerza pública a que no continúe vulnerando los derechos humanos de los colombianos y colombianas, y a todas las organizaciones armadas ilegales, a detener la dinámica de la violencia, a adelantar acciones humanitarias y a empeñar sus esfuerzos en la búsqueda de una paz con justicia social.
En esa medida nuevamente insistimos en la necesidad de avanzar en la implementación de los Acuerdos de Paz y en los acuerdos ya definidos con pueblos y comunidades, así como a avanzar en la construcción de mecanismos efectivos y eficaces transformadores que garanticen los Derechos Humanos como elementos fundamentales para superar la violencia. En consecuencia, hoy nuevamente clamamos por compromisos y acciones concretas por parte del Gobierno Nacional y de las instituciones que conforman el Estado Colombiano.
En memoria de los miles de hombres y mujeres víctimas del conflicto y de aquellos/as afectados/as a diario, al aferrarnos en defensa de la vida y los territorios, reclamamos al gobierno nacional hechos claros y decididos de humanidad, de solidaridad, de paz y reconciliación, que alivien el dolor padecido y la justicia reclamada, que señalen horizontes de esperanza y que fortalezcan el trabajo para la construcción de una sociedad más justa y que camine el sendero de la consolidación de una Paz estable y duradera.
Departamento del Cauca, 9 de septiembre de 2020, conmemoración del día Nacional de los Derechos Humanos en Colombia.
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