“Ni todo
el oro del mundo justifica
La pérdida
de una vida humana”
Amylkar Acosta Medina
Ministro de Minas y Energía en Colombia
Vuelven a sentirse los estragos de la locomotora minero-energética en
Colombia, esta vez, en el departamento del Cauca, en el municipio de Santander
de Quilichao, en donde la semana pasada murieron 12 barequeros aplastados por
un alud de tierra.
La comunidad indígena, afro y campesina del departamento, organizada en
la Mesa Inter-Étnica y Cultural convocó a autoridades del gobierno nacional a una Audiencia Pública
Minero-Energética, en el marco del Paro Nacional Agrario, Campesino,
Étnico y Popular, para tomar medidas frente a la problemática que genera este
tema.
La audiencia inició a las 11 de la mañana: la delegación del gobierno la
presidieron el Ministro del Interior, Aurelio Irragorri, y el Ministro de Minas
y Energía Amylkar Acosta, quienes mencionaron tener total capacidad de decisión
y acción para ejecutar soluciones. A ellos, los acompañó el Gobernador
Encargado del Cauca, el General de la Policía, la Vise-Fiscal de Cali y la Defensoría
del Pueblo. Pidieron un minuto de silencio por las víctimas de la avalancha de
la mina de San Antonio, e inmediatamente después, uno tras otro, expusieron con
un tono “se lo dije”, que la minería “ilegal” no solo trae terribles efectos
ambientales, sino también -como se pudo comprobar trágicamente en Santander de
Quilichao pone en riesgo la vida de las personas que se dedican a esta labor. “Ni
todo el oro del mundo justifica la pérdida de una vida humana”, enfatizó el
Ministro de Minas. La solución: implementar lo que Irragorri llamó “una
experiencia piloto en el Cauca”, para eliminar de raíz la minería ilegal,
mientras se implementaban una serie de programas con un presupuesto “muy significativo”
que el gobierno nacional habría girado para las comunidades de este
departamento del país.
“¿Por qué tan callados muchachos? ¿No les parece muy bueno?”, preguntó
el Irragorri, ante el silencio escéptico del auditorio. Lo cierto es que durante
toda la jornada, no se escucharon aplausos para los delegados del gobierno. El público,
compuesto por comunidades de Resguardos Indígenas, Consejos Comunitarios Afros
y organizaciones campesinas, expresó que la problemática minera no tiene su
raíz en las llamadas minas “ilegales”. No aplaudieron a los representantes del
gobierno, porque para ellos, fue el impulso que diera el Gobierno Santista a la
locomotora minero- energética la que llenara el vaso de la crisis en el Cauca,
y en el país. Los mineros nacionales, que el gobierno llama “de título
individual”, quienes posee la maquinaria para la explotación minera y la maneja
en los departamentos del Cauca y el Chocó, llegan a los territorios pidiendo a
las comunidades su autorización para explotar minerales, y a su vez, ellos (los
propietarios de título individual) les permitirán a las comunidades trabajar el
barequeo 3 horas al día, que se reducen con el pasar de las semanas a 2 horas,
a 1... Estos “medianos mineros”, casi todos provenientes de Antioquia, poseen
más del 70% de los títulos en Colombia; El Gobierno sin embargo, no menciona
que el 30% de los títulos restantes, que pertenecen a multinacionales como la
Anglo Gold Ashanti, ocupan miles de hectáreas de territorio, mucho mayor en porcentaje
que el que ocupan las licencias individuales todas juntas, y que –incluso- pasan
por encima del macizo colombiano, territorios ancestrales y con biodiversidad
única en el mundo; tampoco mencionan que los títulos otorgados a las
multinacionales ignoraron la consulta previa a las comunidades indígenas y
afros. Por si fuera poco, el trabajo de exploración y explotación minera, como
ocurre con el resto de los proyectos de esta locomotora, ingresa al territorio
fuertemente acompañado por batallones del ejército, que persiguen, estigmatizan
y desplazan a las comunidades que se atreven a defender sus derechos. “Ni todo
el oro del mundo justifica la pérdida de una vida humana, señor ministro
–señaló uno de los líderes afros- y sin embargo, vea lo que ustedes están
haciendo en el Guaviare por sacar petróleo, en el Huila por construir la Hidroeléctrica
del Quimbo, y en el Tolima por tener la mina de La Colosa”. La tragedia de San
Antonio es, para la población caucana, responsabilidad del gobierno nacional,
por acción y por omisión.
Atrapados por lado y lado, las comunidades de la audiencia expusieron los
argumentos a través de sus voceros. El Cauca
no pelea contra la minería “ilegal”, sino también contra la que el gobierno
considera “legal”, porque destruye, desplaza y mata. Exigieron derogar todos los
títulos mineros del territorio, avanzar en la restitución de tierras para la
producción agrícola, respetar y fortalecer la soberanía y liderazgos de las
comunidades campesinas, indígenas y afros. Sin embargo, para eso no tenían
competencia los ministros asistentes a la audiencia, ni mucho menos voluntad
política. De haberla tenido, se habrían sentado a construir una política
pública minero-energética incluyente,
cuando los mineros salieron a paro en julio del 2013, en lugar de sentarse a
negociar con los “propietarios de títulos individuales” de los que ahora se
quejan.
De nada valió que los ministros, en su gira electoral, prometieran
recursos y se lavaran las manos culpando al gobierno anterior por “expedir
títulos de manera irregular”. El Cauca exige política pública que genere
soluciones de raíz, y no paños de agua fría presupuestal. La solución la
seguirán construyendo de manera mancomunada, afros, indígenas y campesinos en
la Mesa Inter-Étnica y en la Cumbre Agraria. “Si el gobierno no toma medidas
realmente efectivas, las tomaremos nosotros” concluyó uno de los voceros del
poder popular.
Santander de Quilichao
7 de mayo de 2014
COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES
MOVIMIENTO POLÍTICO Y SOCIAL MARCHA PATRIÓTICA
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